En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, varios indicadores económicos y sociales cambiaron: recuperación del salario mínimo, del sector salud, de las empresas paraestatales –denominadas “productivas del Estado”–, una política y programas sociales enfocados hacia los y las jóvenes y adultos mayores, por mencionar sólo algunos.
En un ejercicio de síntesis de los cambios en estos casi seis años de la cuarta transformación (4T), bien podría analizarse desde la vuelta del Estado en lo social, en lo económico y una nueva forma de hacer política, incluso, en términos mediáticos. A continuación, se analizan algunos aspectos que dieron forma y contenido a la 4T contra lo que denominamos “los jinetes del neoliberalismo”. En esta primera entrega, comenzaremos con una de las más relevantes: la precarización del trabajo.
Contra la precarización del trabajo
Si algo se puede decir sobre el neoliberalismo, es que ese modelo económico, político y cultural fue planteado por y para que los grandes empresarios, dueños del capital –nacional o extranjero–, recuperaran sus ganancias, que iban en picada desde la década de 1960. Así, entre las décadas de 1970 y 1980 se establecieron una serie de medidas para que las economías se abrieran al mercado mundial, privatizaran sus empresas públicas y se realizaran reformas en el aparato de Estado (conjunto de instituciones que dan forma a la organización social del país) para que el salario perdiera poder adquisitivo, mientras las ganancias crecían.
Esa política económica no fue exclusiva de México; sin embargo, en el país el salario perdió progresivamente su poder de compra. Según el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía, la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora fue del 78.71 por ciento en 2015, con respecto al de 1987. En otras palabras, si en 1987 un trabajador necesitaba cuatro horas de su jornada para adquirir la canasta básica, hacia 2015 necesitó 23 horas.
Cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia en diciembre de 2018, un trabajador promedio ganaba 135.4 pesos diarios; al término de su sexenio, en septiembre de 2024, el salario mínimo se ubicó en 248.9 pesos (a precios de agosto de 2024, esto es, sin la inflación). En todo el sexenio de Enrique Peña Nieto se aplicó un incremento salarial de apenas 15.6 pesos. De los gobiernos anteriores, desde Carlos Salinas hasta Felipe Calderón, el incremento fue pulverizado por la inflación y se estancó, o para decirlo en otras palabras, se aplanó la curva salarial para la clase trabajadora, como se muestra en la gráfica 1.
Gráfica 1. Salario mínimo en México
Fuente: elaboración propia con datos de Conferencia de Prensa de Presidencia[1]
Esta política de recuperación del salario y, desde luego, su poder adquisitivo, estuvo vinculada a la contención de la inflación y la devaluación, para que justamente los incrementos salariales fueran reales. Así, la inflación terminó en el sexenio con una tasa anual del 4.99 por ciento. Esto, a pesar de la existencia de tres fenómenos externos: la pandemia de Covid-19, la guerra Rusia-Ucrania y la invasión de Israel sobre territorio palestino. Estos tres fenómenos aumentaron los costos de materias primas y de alimentos en particular. Lo anterior es relevante porque se estableció como mantra en los gobiernos neoliberales, entre expertos y economistas, la idea de que si se incrementaba el salario en el país, en automático, la inflación aumentaría. Con la política del gobierno quedó en evidencia uno de los tantos mitos de la economía ortodoxa.
Respecto a la devaluación, López Obrador fue el primer presidente –desde Miguel de la Madrid– en no devaluar la moneda. Para contrastar con el sexenio anterior, con Peña Nieto el peso se devaluó 51.2 por ciento, pues pasó de 12.7 a 19.2 pesos por dólar. Con la 4T, el peso terminó en 19.6 pesos por dólar.
Estos aspectos –entre otros– permitieron que la clase trabajadora recuperara el terreno perdido desde que comenzaron los gobiernos neoliberales en 1982. Más allá del salario, la clase trabajadora mexicana es una de las que más horas trabaja al año, y que menos vacaciones tiene a nivel mundial, y tiene los niveles de explotación más altos, al menos de América Latina. Según datos de la OCDE, en México se trabaja en promedio, 2 mil 127 horas al año, dato que sobrepasa la media de la OCDE, que es de 1 mil 742 horas, por lo que es importante la reducción de horas de trabajo, de 48 a 40 horas semanales. Otro dato a considerar es el de la tasa de desempleo, que en 2019 fue de 3.5 por ciento y hacia los primeros tres meses de 2024, fue de 2.5 por ciento y es una de las tasas más bajas de los miembros de la OCDE.
Sin embargo, hay dos indicadores en los cuales la 4T no mostró mejorías. El primero es el del sector informal: si en 2019 en este sector estuvieron 56.9 por ciento de la población económicamente activa (PEA), en un rango de edad de 15 años y más, hacia julio de 2024 fue de 61 por ciento, y equivale a 62.1 millones de personas. El otro dato es el de la población subocupada, definida como aquella población ocupada que trabaja menos de 35 horas semanales por causas involuntarias y que está dispuesta a trabajar más horas. La población en esta condición pasó de 4.2 millones en 2019 a 4.9 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía y Estadística (Inegi).
La estrategia para revertir las condiciones de la clase trabajadora en México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue la propuesta de reforma a varias leyes, entre las que destacan:
- Reforma en materia de subcontratación, publicada en 2021 y comenzó a operar a partir de agosto del mismo año. Estableció que todas las empresas deberán transferir y reconocer como trabajadores propios a todos aquellos trabajadores que realizan las actividades principales, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante.
- Reforma de vacaciones dignas aprobada en 2022 y que entró en vigor en 2023. Duplicó de seis a 12 días de vacaciones a partir del primer año de trabajo y a partir del segundo año, se agregan dos días. Se paga la prima vacacional equivalente al 25 por ciento sobre el salario.
- Reforma a la ley del IMSS de 2020. Se estableció el incremento de la aportación patronal de 5 a 13 por ciento, se disminuyó la comisión de Afores, y la disminución de semanas de cotización para jubilarse de 25 a 15 años (1 mil 250 a 750 semanas).
- Segunda reforma de pensiones aprobada en 2024. Para trabajadores que cotizan en el IMSS y el ISSSTE se garantizará que los trabajadores que ganan el salario promedio en el IMSS se jubilen con el ciento por ciento. Por último, se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
- Reforma a la Ley del Seguro Social (LSS) y la Ley Federal del Trabajo (LFT) para permitir que las trabajadoras del hogar tengan más derechos y mejores condiciones laborales, entre las que destacan, registro ante el IMSS, acceso a financiamiento para obtener una casa por la vía del Infonavit, una jornada laboral digna, vacaciones y aguinaldo, entre otras.
Al incremento salarial que ahora tiene rango constitucional para no ser menor a la inflación, se engarzaron otras medidas de inversión (que no gasto) social desde el Estado, que permitieron un logro histórico en la reducción de la pobreza. En 2008, a un año del gobierno de Felipe Calderón, la pobreza alcanzó el 44.4 por ciento de la población; hacia 2014 –ya con Enrique Peña Nieto– fue de 46.2 por ciento. Ya con Andrés Manuel, y en plena pandemia, la pobreza alcanzó el 43.9 por ciento en 2022, y disminuyó a 36.3 por ciento en 2024. Como aseguró el expresidente, e incluso organismos internacionales, la reducción de la pobreza fue de 9.5 millones de personas. Aunque es importante destacar que, respecto a la pobreza extrema, ésta aumentó, pues pasó de 8.7 millones de personas en 2018 a 9.1 millones en 2024.
Este tipo de leyes y medidas revirtieron en gran medida el proceso de pérdida de derechos laborales del periodo neoliberal. El retiro de las instituciones del Estado en materia social, permitió que los bancos que acogieron las pensiones de los trabajadores, o las empresas que se beneficiaron de la reducción del salario, vacaciones y otros derechos, aumentaran gradual y sostenidamente sus ganancias.
En síntesis, se demostró la relevancia de la política pública realizada desde el Estado para mejorar las condiciones laborales de los mexicanos, se exhibió el mito de expertos y gobiernos neoliberales de que si se incrementa el salario, la inflación no aumenta en automático. Estas medidas en conjunto, mejoraron la correlación de fuerzas en favor de los trabajadores y las empresas, entre ellos los bancos, no dejaron de obtener ganancias. Sin embargo, el pueblo de México sigue enfrentando las reticencias y negativas de sectores políticos y económicos que defienden sus intereses y privilegios, enquistados dentro del mismo aparato de Estado, en instituciones muy particulares e incluso de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, que sigue proyectando su injerencia en el país, tema de la siguiente entrega.
Anibal García Fernández*
*Doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Forma parte del Grupo de Trabajo “Crisis y economía mundial”, “Violencias en Centroamérica” de CLACSO. Es miembro del Observatorio Lawfare (www.oblawfare.org)
[1] Conferencia de prensa de la Presidencia de la República, 30 de septiembre de 2024, minuto 50:29. https://www.youtube.com/watch?v=Q5Z01pPwoEM