Además, han liberado en algunos casos de forma definitiva a presuntos delincuentes de cuello blanco, como el abogado de Carlos Salinas de Gortari, Juan Collado Mocelo; a la exsecretaria de Estado en el sexenio peñista, Rosario Robles, quien fue investigada por la llamada estafa maestra; y a Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex, implicado presuntamente en hechos de corrupción, como el caso Odebrecht y AgroNitrogenados. Esto frena las acciones contra la corrupción y genera impunidad.
Y también han liberado bajo medidas cautelares como prisión domiciliaria a actores clave del caso Ayotzinapa: el exprocurador Jesús Murillo Karam y ocho militares presuntamente vinculados a la desaparición de los 43 normalistas rurales. El entorpecimiento de la investigación del caso no sólo genera protestas sociales –como la irrupción violenta en Palacio Nacional del pasado 6 de marzo–, sino que impide que se sepa la verdad y propicia que los culpables sigan impunes.
Además, la guerra del Poder Judicial ha llevado a la liberación de decenas de integrantes del crimen organizado, como se demuestra cada 15 días en la sección de Cero Impunidad, lo que contribuye a la generación de violencia extrema. Una de las banderas de la derecha es, precisamente ésta, sin apuntar jamás a la responsabilidad que tienen jueces, magistrados y ministros que abren la puerta a los presuntos delincuentes.
Referencias
[1] https://acortar.link/akQM2A
[3] https://centralelectoral.ine.mx/2023/09/07/inicia-proceso-electoral-federal-2023-2024/