Por unanimidad, el Congreso de Oaxaca aprobó, en lo general y en lo particular, la minuta con proyecto de decreto remitida por el Congreso de la Unión por el que se reforman y adicionan los artículos 4 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Sergio López Sánchez, destacó el consenso de todos los grupos parlamentarios de la LXV Legislatura local para respaldar esta modificación a la Carta Magna, a través de la cual se eleva a rango constitucional y como un derecho las acciones emprendidas para asegurar el bienestar de todas las personas en el país.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, Liz Hernández Matus, refirió que en “México a pesar de los avances obtenidos en el último sexenio, se considera necesario garantizar un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultivan sus tierras, sembrando los árboles frutales, maderables, especies que requieren ser procesadas; un apoyo anual directo a los pescadores de pequeña escala, y a los precios de garantía para la compra-venta de maíz, frijol, leche, arroz y trigo”.

Asimismo, que esta reforma “es importante para el país a nivel nacional, pero en Oaxaca es prioritaria por la asistencia social a favor no solo de las personas con discapacidad o mayores de edad, sino también de campesinos, pescadores, indígenas y pertenecientes a los pueblos afromexicanos, con el fin de propiciar un mejor desarrollo”.

En su intervención, la presidenta de la Comisión Permanente de Bienestar, Tequio, Inclusión y Fomento Cooperativo, Dennis García Gutiérrez, dijo que este cambio constitucional tendrá un impacto en la política social del país y en la vida de las familias mexicanas.

Y al aprobarla “es brindar a nuestra sociedad la posibilidad de una mejor calidad de vida, que va desde incentivar el crecimiento del empleo en el ámbito rural, impulsar el desarrollo sostenible del país, fomentar la producción del campo, hasta otorgarnos como persona el derecho a una vivienda adecuada”.

Con lo aprobado en este ámbito, se establece que la Federación y los estados deberán de garantizar la entrega de una pensión no contributiva y permanente a las personas con discapacidad menores de 65 años; y una pensión de adultos mayores a las personas que tienen más de 65 años.

También que, el Estado deberá de asegurar la rehabilitación y habilitación de las personas que viven con discapacidad permanente, priorizando a los menores de 18 años.

Además, que mantendrá los precios de garantía para los alimentos como maíz, frijol, leche, arroz y trigo.

La minuta referida fue aprobada la mañana de este jueves por el Pleno con 38 votos a favor, durante el séptimo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio legal de la LXV Legislatura local, realizado en la modalidad virtual.