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Respetar resultado de la consulta, exige Homún tras amparo ganado contra megagranja porcícola

En lo que representa un nuevo paso hacia el cierre definitivo de sus instalaciones contaminantes, y al mismo tiempo una certeza de que las autoridades judiciales ya no pueden negar el desastre ambiental que genera la porcicultura industrial en el estado, el Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada a la mega factoría que la firma PAPO (Producción Alimentaria Porcícola, S.A. de C.V.) edificó y pretende operar en la comunidad maya de Homún, ubicada al sureste de Mérida, la capital del estado.

La decisión del Juzgado Segundo de Distrito de Yucatán, indicó la abogada Lourdes Medina Carrillo, asesora legal de Kanan Ts´ono´Ot, el colectivo maya de vecinas y vecinos de Homún que batalla contra la mega factoría, surge tras tomarse en cuenta la abrumadora evidencia científica y jurídica que prueba incumplimientos, omisiones y otras irregularidades detrás del permiso otorgado a PAPO por la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán.

Ayer, representantes de Homún llevaron esta resolución de amparo a la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la acusaron de litigar a favor de la empresa.

La sentencia reconoce, además, que cualquier autorización o permiso que se entregue a una empresa para su instalación en un pueblo indígena como Homún debe cumplir de forma ineludible con el requisito de la consulta previa.

La intención de PAPO, que actúa como proveedora de Kekén (empresa que monopoliza el procesamiento de carne porcina en la Península de Yucatán), es activar una instalación con hasta 49 mil cerdos. PAPO es controlada por los dueños de Grupo SIPSE, uno de los conglomerados de medios de comunicación más importantes de Yucatán y portavoz permanente de los intereses de los empresarios regionales de la carne porcina.

Cabe recordar que en 2018, la comunidad y sus defensores señalaron que la megagranja cuenta con la asesoría de varios abogados, entre los cuales figura Gerardo Carrasco Chávez, director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), una “asociación civil” financiada por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).